PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

indice

INTRODUCCIÓN.

Algunos principios generales del derecho.

1.    principio de legalidad.

2.    principio de favorabilidad.

3.    principio de buena fe.

4.    La improcedencia del aprovechamiento del dolo.

5.    El abuso del derecho.

6.    Enriquecimiento sin causa.

7.    teoría de la imprevisión.

8.  Bibliografía.

 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

Como vimos en los módulos 3 y 4, relativos al concepto de norma jurídica, los principios son mandatos de optimización o cumplimiento que posibilitan interpretar, integrar y crear derecho. Estos también son preceptos axiológicos que definen fines y valores del ordenamiento jurídico que plantean una guía al intérprete, para aplicar las reglas (Alexy, Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios., 2002).

Pero esta concepción es reciente, pues en la época del positivismo jurídico puro (del siglo XVIII a mediados del XX), los principios no eran aplicables directamente por los jueces.

Hay que recordar que luego de la revolución francesa de 1789, el predominio normativo del legislador limitó la posibilidad de que el juez creara e incluso interpretara el derecho, pues se desconfiaba de los jueces, por ver en ellos el Ancien Régime. Al juez se le consideraba como boca de ley, o sea que su función era la de constatar si los hechos se adecuaban a lo prescrito por la norma para aplicar la consecuencia jurídica, a esta técnica se le denomina subsunción. El juez era concebido como un autómata, por lo tanto, dentro de sus funciones no estaba la de interpretar las normas -y crear derecho-, sino, como se acabó de decir, sólo aplicarlas (Vid. Punto 5 del módulo 3).

De esta manera, y a pesar de los postulados de la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, los principios, en principio, no eran aplicables directamente.

La concepción de que la ley era la fuente por excelencia del derecho, hacia que la aplicación de los principios generales fuera a través de una especie de analogía iuris, es decir, para aplicarlos en casos concretos debían ser extraídos de reglas del ordenamiento jurídico. De esta manera, no se podía alegar el principio de buena fe directamente, sino a través de normas que lo contuvieran desarrollado. Por ejemplo, en Colombia se exige en la ley civil que, tanto contratante como contratista deben ejecutar las obligaciones de buena fe (en el mismo sentido los artículo 768 y 769 del Código Civil); y en la ley procesal civil se dispone que las partes que intervienen en un proceso deben actuar de buena fe (art. 37.3 del Código de Procedimiento Civil). De preceptos normativos de este tipo era que los juristas podían extraer algunas explicaciones sobre cómo aplicar el principio de buena fe.

Esta concepción de la aplicación de las normas, y en especial la de los principios, limitó por mucho tiempo el desarrollo del constitucionalismo. Salta a la vista que la mayor parte de normas de la Constitución Política son de textura abierta, es decir, no se encuentran redactados en forma de reglas (V. gr. Si se da A, entonces debe darse B). Las normas constitucionales por lo general enuncian principios y derechos pero requieren ser desarrollados a través de las reglas. Así por ejemplo, la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable (artículo 11 C.N.), sin embargo, este mandato no es absoluto, pues nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 32 del Código Penal permite el asesinato en el caso en que alguien en legítima defensa le quite la vida a otro (V. gr. Cuando una persona mata a un sicario que lo venía a matar), o en cumplimiento de un deber legal (cuando un soldado en una operación militar mata a un guerrillero en combate). (Bernal Pulido, 2005)

La Constitución de Colombia de 1886 y la de 1991, se diferencian sustancialmente, pues mientras la primera requería de desarrollo legal y una acción legal para la exigencia de alguno de los derechos y principios consagrados en ella; la segunda, en cambio, permite que su articulado sea aplicado directamente sin intermediación legal a través de acciones consagradas en la misma Constitución (tutela, acción de grupo, etc.).

El cambio implementado en la Constitución de 1991, fue producto de varios acontecimientos históricos, entre ellos los juicios posteriores al régimen nazi, ocurridos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en donde la bondad del legislador se puso en duda con las leyes antisemitas y el exterminio judío. Por ello la Constitución Alemana estableció unos límites al legislador al momento de reformar la Constitución:

Artículo 79.3: “Será ilícita toda modificación de la presente ley en virtud de la cual se afecte a la división de la Federación en Estados, a los fundamentos de la cooperación de los Estados en la potestad legislativa o a los principios establecidos en los artículos 1.o. y 20.”

Y en los artículos 1 y 20 establece lo siguiente:

Artículo 1:

 1. La dignidad del hombre es sagrada y constituye deber de todas las autoridades del Estado su respeto y protección.
2. El pueblo alemán reconoce, en consecuencia, los derechos inviolables e inalienables del hombre como fundamento (Grundlage) de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo.
3. Los derechos fundamentales que se enuncian a continuación vinculan al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los tribunales a titulo de derecho directamente aplicable.

Artículo 20:

1. La República Federal Alemana (Die Bundesrepublik Deutschland) es un Estado Federal (Bundesstaat) democrático y social.

2. Todo poder estatal (Staatsgewalt) emana del pueblo, quien lo ejercerá en las elecciones y votaciones y a través de órganos especiales de legislación, de ejecución y de jurisdicción.

3. El Poder Legislativo (die Gesetzgebung) estará vinculado al orden constitucional y el Poder Ejecutivo (die vollziehende Gewalt) y el Judicial (die Rechtsprechung) estarán sujetos a la ley y al derecho.

4. Todo alemán tendrá derecho de resistencia (Recht zum Widerstand), cuando no exista otro remedio, contra quienquiera que se proponga eliminar el orden de referencia.

Con ello, se busca desde la misma Constitución Alemana evitar que a través del poder legislativo se acabe el régimen democrático y la afectación de los derechos fundamentales, y se repita lo ocurrido en la Alemania nazi.

Lo anterior es un ejemplo, de la necesidad de eficacia normativa de la Constitución en relación con la ley y el poder legislativo. Esto nos permite establecer que uno de los cambios fundamentales en la concepción de las Constituciones modernas es que estas están dotadas de eficacia jurídica, sin importar el carácter abierto de sus preceptos (derechos fundamentales y principios).

Aunado con lo anterior, los trabajos de juristas de la talla del norteamericano Ronald Dworkin y el alemán Robert Alexy, que ya fueron referenciados en módulos anteriores, permitieron por una parte, establecer la importancia de los principios en un ordenamiento jurídico, y por la otra, la manera en que se aplican los principios dentro de un ordenamiento jurídico. Así, actualmente, los principios permiten al jurista interpretar e integrar el derecho, y al juez crear derecho (Bernal Pulido, 2005).

El artículo 230 de la Constitución establece que los principios generales del derecho son criterios auxiliares, concepto que implica que sólo pueden ser utilizados por el juez en caso de no encontrar dentro de las fuentes formales, y en especial la ley, norma aplicable al caso en concreto. Esta consagración parece ser un rezago de la concepción del derecho anterior, en la cual los principios generales del derecho sólo podían ser utilizados como una analogía iuris.

A pesar de la redacción del artículo 230 de la Carta Magna, este no debe ser entendido de manera literal. Por un lado, existen muchos principios consagrados en la Constitución, y muchos derechos de los cuales se derivan otros principios. Por ejemplo, el artículo 83 consagra el principio de la buena fe, así:

“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estás.”

Así mismo, el artículo 58 de la Carta protege el derecho a la propiedad privada, del cual se derivan dos principios específicos, a saber: la prohibición al abuso del derecho, y por el otro, la prohibición del enriquecimiento sin justa causa. Respecto del abuso del derecho en citado, el artículo dice:

“Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”

Y luego predica

“La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.”

Respecto del enriquecimiento sin causa podemos encontrar la prohibición de las expropiaciones, que sólo serán viables bajo circunstancias especiales:

“Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio.”

De esta manera, queda demostrado que no es posible afirmar que los principios generales del derecho son meros criterios auxiliares. Así pues, si un principio se encuentra consagrado expresamente en la Constitución, o se desprende de uno de sus mandatos, tienen aplicación directa. Pues la misma Constitución lo ordena, esto, en razón de su prevalecía.

Artículo 4: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán la disposiciones constitucionales.”

Por otra parte, es posible encontrar algunos principios generales del derecho positivisados en las leyes. En esos casos, dejarían de ser “criterios auxiliares” de la actividad judicial, sino fuentes formales. En esta lógica, los principios generales del derecho de que habla el artículo 230 de la Carta, no serían aquellos que se encuentren positivisados (concretizados) en una Ley.

Los principios generales del derecho tienen una prevalencia sobre el resto de normas, como por ejemplo en el Código Penal (Ley 599 de 2000), y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), que consagran la prevalencia de los principios generales del derecho, denominados es esos estatutos como normas rectoras, cuyo poder normativo se enuncia de la siguiente manera en el artículo 13 de la Ley 599 de 2000:

“Las normas rectoras contenidas en este Código constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su interpretación.”  En artículo 26 de 906 de 2004: “Prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación.”

Las anteriores disposiciones incluso amplían el sentido y alcance de los principios generales del derecho al señalar que son la esencia y orientación de las Leyes.

Ello se debe a que los principios positivisados como normas rectoras en tales estatutos son de una importancia vertebral, como lo es el principio de legalidad en el ordenamiento penal.

Sin este principio como límite del derecho penal, un juez o un policía podría judicializar a un individuo por una conducta que no se encuentre consagrado en la ley. Un evento que a todas luces es inimaginable en los actuales Estados Constitucionales de derecho.

Así, el artículo 29 de la Constitución establece:

“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.”

Por otra parte, en el Derecho Internacional, los principios generales también se conciben como fuentes que el juez podrá utilizar para fundamentar sus decisiones.

Por ejemplo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el artículo 21  establece lo siguiente:

“La Corte aplicará:

a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos del Crimen y sus Reglas de Procedimiento y Prueba;

 b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados y los principios y normas de derecho internacional aplicables, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados.”  (Subrayas y negrillas nuestras)

En el caso de la Corte Internacional de Justicia en el artículo 38 reza:

 “1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;  c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;…”

En las citadas normas se refleja el importante rol de los principios generales del Derecho usados en el Derecho Internacional como fuentes principales de derecho.

En esa rama del derecho, los tratados internacionales a diferencia de las legislaciones internas no abarcan muchos eventos, aquellos son reglamentados por la legislación interna. Empero, los tribunales internacionales necesariamente requieren los principios como forma de subsanar la ausencia de reglas concretas como fuente principal del derecho, y así dotar de legitimidad sus decisiones dentro de un marco legal, evitando que estas se fundamenten solo en apreciaciones políticas.

El papel de los principios los principios generales del derecho en los diferentes ordenamientos jurídicos, también ayuda a resolver los llamados casos difíciles, o sea las situaciones que no están previstas por reglas del ordenamiento jurídico, o que las soluciones dadas, objetivamente, no cumplan con los fines de la constitución.  

Por otra parte, los principios generales del derecho, tienen una función crítica  frente al derecho positivo que es pertinente que analicemos.

Es muy probable que una regla entre en conflicto con un principio, y en esos casos es posible que sea desconocida o inaplicada, sí luego de un análisis jurídico detallado, se llega a la conclusión de que la aplicación de la regla conllevará a una violación de uno o varios derechos fundamentales.

Es claro que la aplicación de una ley, en ciertos casos, puede contradecir el contenido de un principio consagrado en la Constitución; cuando esto sucede deberá aplicarse el artículo constitucional de manera preferente (Vid. artículo 4 de la Constitución política).

También puede ocurrir que un principio consagrado en una ley sea afectado de manera sustancial al aplicar otra ley. En este caso prevalecerá la primera ley (por contener un principio) sobre la segunda, pues el interprete, por regla general debe aplicar la ley que materialice un principio.

En los demás casos en que una regla contradiga a un principio y no se encuentre un grado de jerarquía expreso en la que se enuncie que el principio prevalece sobre la ley, se debe hacer entonces una ponderación, teniendo siempre presente que los principios informan y fundamentan el resto del ordenamiento, y por regla general una regla debe obedecer al contenido de los principios.

Hay casos en los cuales la regla es una excepción a la aplicación de un principio. Por ejemplo: Existe una ley que autoriza a la Fiscalía General de la Nación interceptar comunicaciones, esta es una regla que puede vulnerar el principio que dispone que “nadie será  molestado en su persona o familia, ni su domicilio registrado sin orden de autoridad competente”, sin embargo, la Fiscalía tiene como principal función la investigación de delitos, por lo tanto está facultada para interceptar las comunicaciones de personas sospechosas de la comisión de algún delito, para cumplir con uno de los fines del Estado consagrado por la Constitución: Preservar el orden público.

ALGUNOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

Tal y como expusimos con anterioridad, en el derecho existen principios positivisados y otros que aún no lo han sido. Entre los primeros encontramos el principio de legalidad, el principio de favorabilidad, el principio de buena fe y la teoría de la imprevisión. Entre los segundos se encuentran la improcedencia del aprovechamiento del dolo propio, el enriquecimiento sin causa, y el abuso del derecho.

A continuación haremos una breve reseña sobre el concepto de cada uno de los principios antes enunciados y su aplicación.

1.   PRINCIPIO DE LEGALIDAD

El principio de legalidad es uno de los rasgos más significativos de un Estado de Derecho, pues es el que señala lo prohibido y lo permitido, y a su vez es el límite de las competencias de las funciones públicas (artículos 6 y 122 de la Constitución Política).

Este está consagrado en el artículo 29 de la Constitucional Política, expresando que nadie será juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa,  ante el juez o tribunal competente en el caso, y bajo las formalidades propias de cada proceso. El texto antes señalado establece tres cuestiones importantes:

     

     a)    La imposibilidad que una persona sea procesada por hechos no sancionados por una ley preexistente al hecho cometido. Así por ejemplo, en el año 1991 no existía el delito de defraudación de fluidos, por tanto, si alguien realizaba un fraude en el contador del agua, no podía ser sancionado. Igualmente, antes del año 2009 no existían en Colombia los delitos informáticos, por tanto, si alguien ingresaba a una base de datos sin autorización, no existía forma de sancionarlo penalmente.

     b)    Cada caso en particular tiene un juez competente para tratarlo, y en ese orden de ideas, hay competencias que tienen que ver con las materias: si un empleado va a demandar a su empleador por no pagarle las prestaciones sociales, el juez competente es el juez laboral. Si alguien realizó un delito el juez competente para juzgarlo es el juez penal. También hay competencia según el territorio: Las leyes disponen por regla general que el juez competente es el que se encuentre en el domicilio del demandado en los casos civiles; en penal es el juez del lugar de ocurrencia del hecho. Por otra parte, existe una competencia que es personal, y ello implica que existen ciertas personas que deben ser juzgadas por jueces especiales, así por ejemplo, los soldados tendrán que ser juzgados por los juzgados militares cuando cometan delitos durante la prestación del servicio; los menores de edad en caso de comisión de delitos, sólo podrán ser procesados ante los juzgados de menores; el Presidente de la República y los altos Magistrados de la Cortes, sólo podrán ser juzgado por la Comisión de delitos del Congreso de la República.

    c)    Deberá observarse las formas propias de cada proceso. Esto implica que un proceso tanto judicial como administrativo debe observar todos los trámites y actuaciones procesales tendientes a proteger otros derechos como el derecho de defensa y contradicción, la cosa juzgada, el de segunda instancia, entre otros, que serán objeto de estudio en otras asignaturas de Derecho Procesal. Así por ejemplo, si a alguien le van a iniciar un proceso penal o disciplinario, tiene derecho a saber cuáles son los hechos que se le imputan para poder armar su defensa, pidiendo las pruebas que le favorezcan y contradecir las pruebas que se aduzcan en su contra. Igualmente si un abogado presenta una demanda para el pago de una obligación en contra de una empresa, ésta tiene derecho a que se le notifique el contenido de la demanda, y tiene un término para contestarla y defenderse.

2.   PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.

El principio de favorabilidad implica la aplicación de la ley más favorable en los casos de Derecho Penal, Derecho Sancionatorio y Derecho Laboral.

Este principio de carácter permisivo, implica que en las materias antes citadas, el intérprete debe seguir las siguientes reglas:

   

     a)    Si existen dos normas aplicables a un caso en particular cuyo contenido se contradice, el juez deberá aplicar la más favorable, en casos penales para el reo; en casos laborales al trabajador; y en casos de derecho sancionatorio, como por ejemplo el derecho disciplinario, al disciplinado (funcionario público).

    b)    Si una norma es confusa y admite varias interpretaciones, el juez deberá acoger la interpretación más favorable.      

      c)    En materia probatoria, si no existe suficiente prueba para que el juez pueda establecer que una persona cometió un delito, el juez debe aplicar toda duda a favor del procesado.

Hay que aclarar que, en materia laboral la favorabilidad en la aplicación de la ley implica que el juez tenga que usar la ley más favorable en su integridad.

En materia penal en cambio, se permite que entre dos leyes en conflicto, el juez utilice una parte favorable de una ley, y otra parte favorable de la otra ley, conformando lo que se ha llamado la tercera ley.

3.   PRINCIPIO DE BUENA FE

Este principio exige que la actuación de todo ciudadano sea exenta de intenciones fraudulentas o maliciosas. El principio de buena fe tiene varias aplicaciones:

La primera de ellas, es en los casos de trámites ante las autoridades públicas. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución, se presumirá la buena fe en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas. De esta manera, se puede encontrar que las copias de documentos entregados para iniciar trámites públicos se presumen auténticas, por tanto, es innecesario autenticarlas ante Notario Público, a menos que la ley disponga lo contrario.

La segunda aplicación se presenta en materia contractual, donde las partes contratantes tienen el deber de actuar de buena fe en las diferentes etapas del contrato: precontractual, contractual (durante su ejecución) y post-contractual. De esta manera, quién quiere vender un vehículo a otra persona tiene la obligación de informar ciertos defectos sustanciales del vehículo que le impedirían al comprador usarlo. En el caso de la firma de un contrato de seguro, el agente de seguros debe verificar todas las condiciones del contrato de seguro y asegurarse de que el firmante comprenda todas. En un contrato de transporte en donde el contratante le solicita al transportador que lleve de Bogotá a Cartagena dos mil bolsas de yogur, el transportador debe proveer de cierto mecanismo de refrigeración de la carga para evitar la descomposición, a pesar de que el contrato no lo diga.

El tercer ámbito se encuentra en materia procesal. En este campo se exige que las partes de un proceso actúen de buena fe, actuando con lealtad procesal, evitando realizar actuaciones fraudulentas o dilatorias del proceso. Uno de los casos más problemáticos en materia procesal es el tema de la presentación de los testigos. Es necesario que el abogado prepare a los testigos que va a presentar en juicio, repasando el relato del testimonio, haciéndole preguntas y corrigiendo ciertas declaraciones, pero nunca debe decirle a un testigo que diga cosas que no le constan, ni que invente o mienta sobre hechos que no ocurrieron.

4.   LA IMPROCEDENCIA DEL APROVECHAMIENTO DEL DOLO PROPIO.

El principio de la improcedencia del aprovechamiento del dolo propio implica que nadie puede buscar beneficio de sus actuaciones fraudulentas. De ahí que las personas que realizan delitos, se les puede incautar el objeto del delito o el producto del delito. Igualmente, a la persona que administre bienes o recursos productos de conductas punibles de otras personas (testaferrato), puedan ser objeto de una extinción de dominio. También quién presente una declaración de renta fraudulenta, podrá ser sancionado por ello. Tampoco es posible que una persona demande a otra porque le pagó cinco millones de pesos para que matara a otra, y nunca lo hizo, pues el objeto del contrato es ilícito.

5.   EL ABUSO DEL DERECHO

Este principio implica que toda persona podrá hacer uso del derecho que le corresponde por ley, sin que ello implique desconocer la función social que le puede corresponder al derecho, o el interés social que este lleve consigo, o la función ecológica que puede implicar.

Se pueden aducir como ejemplos algunos derechos de servidumbre, como el de tránsito, cuando una persona compra un predio que no tiene salida a la única carretera del sector, puede solicitar de un predio vecino una servidumbre de paso para tener acceso a la carretera. Otro ejemplo es la servidumbre de agua, en la cual una persona tiene la propiedad sobre un predio que no tiene acceso al agua, y solicita a su vecino que tiene un predio donde pasa una quebrada una servidumbre para construir un pequeño acueducto. En ambos casos, el dueño del predio donde se realiza la servidumbre tiene que ceder permitiendo limitar su derecho de propiedad a favor de otro, en todo caso, se le reconocerá un determinado valor por la limitación al derecho.

Otro ejemplo de la aplicación de este principio es la prohibición que existe de todas las propiedades en los cerros orientales de Bogotá de levantar construcciones que afecten los bosques, por motivos ecológicos. Igualmente, existen ciertas empresas que para funcionar deben solicitar una licencia ambiental, y para obtenerla se someten a ciertas restricciones y costos, para evitar que su actividad industrial cause un impacto negativo al medio ambiente.

6.   ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.

El enriquecimiento sin causa es un principio que prohíbe que una persona se enriquezca, en detrimento del patrimonio de otro sin una causa legal. Ello quiere significar que si yo compro un libro, y le pago a la librería su valor, existe una justa causa que es el contrato de compraventa, y adicionalmente ambas personas recibieron un beneficio de la transacción.

Un ejemplo de enriquecimiento sin causa lo presenta la ley comercial, el artículo 882 del Código de Comercio establece la posibilidad de que un acreedor que haya dejado prescribir un título-valor (cheque, letra, pagaré) para su cobro, podrá solicitar del deudor su pago a través de la acción in rem verso del  enriquecimiento sin causa.

En los casos problemáticos en los que el Estado encarga el cumplimiento de una labor a un particular sin que exista contrato, también se ha establecido que es posible que el particular pueda exigir una contraprestación a pesar de no mediar contrato a través de la acción del enriquecimiento sin causa. Ello ocurre cuando por descuido de la administración se encarga a un particular a ejecutar una labor, pero nunca se hacen los trámites respectivos para suscribir un contrato, haciendo de esta manera que el Estado deba pagar al particular, porque el primero se enriqueció a favor del segundo sin una justa causa.

Los requisitos para que se configure el enriquecimiento sin causa son las siguientes:

    

    a)    Que exista un enriquecimiento;

    b)    Que se produzca un empobrecimiento correlativo, lo que cual supone que la desventaja  de éste se cause la ventaja de aquel; que el desequilibrio injusto entre ambos patrimonios se haya producido sin causa jurídica;        

    c)    Que no exista una acción para poder reclamar el enriquecimiento indebido, caso en el cual le queda al empobrecimiento una acción, denominada inrem verso, como único mecanismo procesal, que por cierto, no puede soslayar una disposición imperativa de la ley (Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia del 19 de Noviembre de 1939).

7.   TEORIA DE LA IMPREVISIÓN

Esta teoría se aplica en casos de relaciones contractuales en las cuales por hechos no previsibles en la ejecución de un contrato de tracto sucesivo, las prestaciones contractuales se vuelven muy onerosas para una de las partes, en detrimento de la otra. Esta teoría lo que busca es que cuando surja este tipo de situaciones, se haga una revisión de las condiciones del contrato y se restablezca el equilibrio contractual.

El artículo 27 de la ley 80 de 1993, por ejemplo, establece:

 “De la Ecuación contractual: En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.”

En el mismo sentido, los principios Unidroit aplicables a los contratos internacionales han estipulado lo siguiente sobre la teoría de la imprevisión:

ARTÍCULO 6.2.1 (Obligatoriedad del contrato)

Cuando el cumplimiento de un contrato llega a ser más oneroso para una de las  partes, esa parte permanece obligada, no obstante, a cumplir sus obligaciones salvo lo previsto en las siguientes disposiciones sobre “excesiva onerosidad” (hardship).

ARTÍCULO 6.2.2 (Definición de la “excesiva onerosidad” (hardship))

Hay “excesiva onerosidad” (hardship) cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido, y:

(a) dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja después de la celebración del contrato;

(b) los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en

desventaja en el momento de celebrarse el contrato;

(c) los eventos escapan al control de la parte en desventaja; y

(d) el riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte en desventaja.

ARTÍCULO 6.2.3

(Efectos de la “excesiva onerosidad” (hardship))

(1) En caso de “excesiva onerosidad” (hardship), la parte en desventaja puede reclamar la renegociación del contrato. Tal reclamo deberá formularse sin demora injustificada, con indicación de los fundamentos en los que se basa.

(2) El reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte en desventaja para suspender el cumplimiento.

(3) En caso de no llegarse a un acuerdo dentro de un tiempo prudencial, cualquiera de las partes puede acudir a un tribunal.

(4) Si el tribunal determina que se presenta una situación de “excesiva onerosidad” (hardship), y siempre que lo considere razonable, podrá:

(a) resolver el contrato en fecha y condiciones a ser fijadas; o

(b) adaptar el contrato con miras a restablecer su equilibrio.

De esta manera, por ejemplo, podríamos aplicar la teoría de la imprevisión, en contratos de suministro. Supongamos que una empresa se obliga a proveer a otra empresa madera durante un año, pero luego de dos meses de iniciar el contrato, se presenta un paro de transportadores en el cual estos obstruyen algunas vías principales, obligando a la empresa suministradora a cambiar sus rutas iniciales, por unas rutas que implican mayor distancia en el trayecto, y supongamos también que el paro se extiende por un mes más con amenaza de volver a obstruir las vías. En este caso, las partes podrán en virtud de este problema imprevisto, revisar las cláusulas de los costes del contrato, en las cuales se podría aumentar la remuneración de la empresa suministradora en los eventos en que se presenten bloqueos en la ruta principal.

TEMAS RELACIONADOS

Temas sobre introducción al derecho:

https://agabogadosyempresarios.blogspot.com/2020/03/temas-de-introduccion-al-derecho.html

Bibliografía

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